Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones civiles, entre las que se encuentran Mexicanos Primero, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y Amnistía Internacional. La decisión, notificada el 24 de marzo, ha generado críticas por su impacto en la sociedad civil, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el hecho como un procedimiento técnico y autónomo de la autoridad fiscal.
De acuerdo con los datos disponibles, la cancelación del registro de donatarias autorizadas abarca al menos 113 entidades, aunque algunas fuentes mencionan una cifra de hasta 270 organizaciones dentro de un padrón que supera las 10 mil instituciones. El SAT justifica la medida como un cumplimiento de requisitos legales y técnicos, citando incumplimientos normativos, entre ellos aspectos relacionados con la Ley de Ciencia, sin ofrecer mayores detalles públicos sobre los plazos otorgados para subsanar dichas irregularidades.
Ante la polémica desatada, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró a los medios que desconoce los detalles específicos sobre cuántas y cuáles organizaciones fueron afectadas, enfatizando que se trata de una decisión técnica que corresponde exclusivamente al SAT. En su intervención, la mandataria recordó el caso previo de Mexicanos contra la Corrupción, a la cual se le retiró el permiso en la administración anterior bajo el argumento de recibir dinero del extranjero, buscando contextualizar la acción dentro de un marco legal y no político.
Por su parte, Amnistía Internacional México interpretó la revocación como una medida con implicaciones políticas que debilita a la sociedad civil y se suma a una tendencia regional de restricciones a las organizaciones no gubernamentales. La agrupación denunció la existencia de una carga administrativa excesiva y requisitos reiterativos que complican la operación de las entidades, contrastando esta situación con la autorización exprés otorgada en dos días a la asociación Humanidad con América Latina A.C., vinculada al expresidente López Obrador.
La controversia pone de manifiesto la divergencia entre la explicación oficial del gobierno, que insiste en el carácter técnico y autónomo de la decisión fiscal, y la percepción de diversos actores sociales que ven en estas acciones un mecanismo para limitar la capacidad de operación de grupos críticos. La falta de una lista oficial completa y la ausencia de claridad sobre los criterios diferenciados en los tiempos de autorización han alimentado el debate sobre la transparencia y equidad en el tratamiento a las donatarias.
Este episodio se desarrolla en un entorno donde el estatus de donataria autorizada es crucial para la sostenibilidad financiera de las organizaciones, ya que permite a los donantes deducir sus contribuciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR). La pérdida de este beneficio obliga a las entidades afectadas a reestructurar sus fuentes de financiamiento o enfrentar una reducción significativa en sus recursos operativos.
