Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly presentaron una declaración ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York en la que argumentan que sus clientes, Nicolás Maduro y Cilia Flores, no cuentan con recursos para financiar su defensa legal. La solicitud fue sometida este viernes ante el juez federal Alvin Hellerstein, quien lleva el caso por acusaciones de narcotráfico en contra del presidente venezolano y su esposa.
En una declaración jurada, Maduro y Flores aseguran no poder costear a sus abogados y manifiestan disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere. La defensa busca que se autorice el financiamiento para su representación legal, ya que actualmente enfrentan restricciones para pagar los servicios jurídicos.
El argumento legal presentado por la defensa de Maduro y Flores señala que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague a sus abogados, lo cual consideran una interferencia con su derecho a elegir representación legal. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela desde 2015 limitan las transacciones financieras que involucran al gobierno bolivariano.
Maduro y Flores tienen una audiencia prevista para el 26 de marzo de 2026 en el mismo tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La defensa también busca que el caso sea desestimado por irregularidades legales, además de resolver la cuestión del financiamiento para continuar con su representación jurídica.
Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, lo que complica las gestiones para autorizar pagos desde el gobierno venezolano hacia sus representantes legales en territorio estadounidense. La OFAC administra las sanciones que restringen las operaciones financieras de funcionarios y entidades vinculadas al gobierno de Maduro.
La investigación no especifica el monto requerido para la defensa legal ni detalla las pruebas financieras que podrían presentar Maduro y Flores. Tampoco se menciona la postura oficial del Gobierno de Venezuela sobre financiar la defensa, ni si la Fiscalía reconoce el derecho a solicitar financiamiento del gobierno venezolano o solo se trata de un alegato de la defensa.
El caso se desarrolla en el contexto de las acusaciones por narcotráfico que enfrenta el presidente venezolano en el sistema judicial estadounidense, donde la cuestión del financiamiento legal representa un obstáculo adicional para la continuidad de su defensa jurídica.
