Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- La iniciativa de reforma electoral conocida como ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, generó un intenso debate en el Senado de la República, donde el PAN criticó sus alcances y el Partido del Trabajo (PT) expresó reservas sobre la fecha de la revocación de mandato. La propuesta incluye un recorte presupuestal progresivo del 15% al Instituto Nacional Electoral (INE) en cuatro años y un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para sus consejeros, quienes actualmente perciben 262 mil pesos brutos.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, calificó la iniciativa como una ‘farsa’ que no ataca problemas de fondo como el dinero del narcotráfico en las campañas. ‘Son torpezas vulgares, como eliminar la paridad en los Ayuntamientos’, señaló, advirtiendo que el objetivo real sería influir en los comicios de 2027. Por su parte, el diputado Rubén Moreira alertó sobre un retroceso democrático al permitir la participación del Ejecutivo en campañas mediante la revocación.
Desde el PT, el dirigente nacional Benjamín Robles anunció el respaldo de su bancada al Plan B, pero con una reserva significativa: solicitó que la revocación de mandato se realice en 2028 y no en 2027 para garantizar equidad y evitar que sea un instrumento de promoción gubernamental. ‘Cuestionamos que el proceso sea impulsado desde el gobierno y no por la ciudadanía’, expresó. Esta postura contrasta con la de la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, quien aseguró votar a favor sin condiciones.
El INE, a través de su consejera Guadalupe Taddei, defendió su autonomía presupuestal y sus altos salarios, señalando que los choques con el poder Ejecutivo y Legislativo vienen desde 2018. La propuesta de tope salarial quedaría muy por debajo de lo que actualmente ganan los consejeros, quienes incluso superan el sueldo de la presidenta de la República.
La iniciativa también modifica la integración de los ayuntamientos, afectando a 56 municipios que reducirían sus regidurías y a 1,089 que las aumentarían, un cambio que según el PAN podría generar mayores costos operativos. Con unos 18,000 trabajadores, el INE enfrenta una reestructuración financiera y organizativa si el Plan B es aprobado.
El debate se enmarca en la continuidad de una pugna histórica entre el órgano electoral y el gobierno federal, que ya utilizó la revocación de mandato en 2022. La falta de una postura pública unificada del PT y la ausencia de una posición detallada de Morena y sus aliados del PVEM dejan incertidumbre sobre los ajustes finales que sufrirá la iniciativa durante su discusión en el pleno del Senado.
