Por Redacción
Ciudad De México, 12 de agosto de 2026.- El abogado de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, presentó 31 datos de prueba durante la audiencia de este martes para acreditar que no existió la reunión en la entidad donde supuestamente le entregaron videos del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Con estas pruebas, la defensa busca demostrar que el exmandatario estatal se encontraba ese día en la Ciudad de México sosteniendo una reunión privada con Miguel Osorio Chong, quien entonces fungía como secretario de Gobernación.
La acusación se basa en la declaración de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), quien dijo a la Fiscalía General de la República (FGR) que el 29 de octubre de 2014 a las 20:30 horas entregó en Chilpancingo al entonces gobernador unos vídeos grabados por dos cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, los cuales habría ordenado destruir.
Para contrarrestar esta versión, compareció Felipe Martín Ornelas Rebollo, ex coordinador de seguridad y transporte Aéreo de Guerrero, quien declaró que ese día trasladó a Aguirre a la capital del país. Según su testimonio, la reunión ocurrió a las 18:00 horas en Rubén Darío 281, esquina con Arquímedes, en la colonia Polanco, y concluyó minutos después de las 19:00 horas.
Ornelas Rebollo añadió que posteriormente viajaron por tierra hasta Chilpancingo, a donde llegaron alrededor de las 23:00 horas. Esa noche, Aguirre pernoctó en la Casa Guerrero, donde ya no recibió a nadie.
También testificó Jesús Martínez Garbelo, quien fuera secretario de gobierno de Ángel Aguirre, quien desmintió que en las reuniones de seguridad participaran Lambertina Galeana, presidenta del TSJEG, y su Visitadora General, Blanca Estrada.
La audiencia en contra del exservidor público continuará durante la tarde y noche de este martes para determinar si quedará vinculado a proceso o no. Ángel Heladio Aguirre Rivero fue detenido el jueves 6 de agosto en Tepotzotlán, Estado de México, por su posible participación en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, tras un reanálisis de acusaciones realizado por la FGR.
