Por Redacción
Washington D.C., 10 de agosto de 2026.- Un cartel con el rostro de Donald Trump y el lema “Make America Safe Again” cuelga en la fachada del Departamento de Justicia de EE.UU., simbolizando un cambio profundo en una institución que tradicionalmente ha sido considerada el miembro más independiente del Gabinete para limitar la interferencia política en asuntos judiciales.
La semana pasada, Trump rompió la distancia que los presidentes han mantenido con el departamento desde Watergate al nombrar formalmente a Todd Blanche, su exabogado y amigo, como fiscal general. Con este movimiento, el mandatario asegura un rol clave para relanzar procesamientos contra sus enemigos políticos, estrategia que ya ha comenzado a implementar colocando a alrededor de 20 de sus exabogados privados en posiciones estratégicas.
Blanche, quien se desempeñaba como fiscal general en funciones, asume ahora el cargo que quedó vacante hace cinco meses tras la destitución de Pam Bondi. La salida de Bondi respondió a controversias sobre el manejo de la desclasificación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein y un enfoque descrito como vacilante para perseguir a los opositores de Trump. Por el contrario, Blanche es considerado más leal al presidente; fue el estratega detrás de la sentencia de la Corte Suprema de 2024 que otorgó inmunidad a los presidentes por actos oficiales.
La trayectoria legal de Blanche está estrechamente ligada a la defensa de Trump en sus casos más emblemáticos. Representó al mandatario en el caso de dinero por silencio de Stormy Daniels, donde Trump fue condenado por 34 cargos relacionados con registros comerciales falsificados para ocultar pagos de 130,000 dólares. Asimismo, participó en la defensa por conspiración y obstrucción electoral derivados de irregularidades en las elecciones de 2020, y en el caso por retención de documentos clasificados en la finca Mar-a-Lago.
Este nombramiento se suma al dominio que Trump ejerce sobre el poder judicial, contando ya con una mayoría favorable en la Corte Suprema, compuesta por seis jueces conservadores, tres de ellos designados por él. En su gestión previa como fiscal general interino, Blanche también liberó el último lote de documentos de Epstein, un proceso marcado por irregularidades donde numerosos archivos permanecieron secretos mientras otros revelaron identidades de víctimas, y llegó a un acuerdo extrajudicial cuyos detalles no fueron especificados en la información disponible.
