Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó este lunes 20 de julio de 2026 a las 14:15 horas al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, tras ser detenido el jueves 16 de julio en Ensenada. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como líder de una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos.
La orden de aprehensión fue librada el 13 de julio de 2026 por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien también giró instrucciones contra otros 24 imputados, incluido Carlos Xavier Treviño Sepúlveda. Previamente, el 22 de junio de 2026, el juez Mario Elizondo Martínez había negado la solicitud de la FGR. La jueza determinó que la participación de Ruffo Appel “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”.
La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio de 2026 a las 22:00 horas mediante videoconferencia ante el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El procedimiento se extendió por más de 30 horas, aunque otras fuentes reportan una duración de 40 horas. Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, denunció que la audiencia se desarrolló “a puerta cerrada. Sin prensa, sin público, sin familiares”, exigiendo que se cumpla el artículo 20 constitucional para que el proceso sea público.
Respecto a su situación jurídica, la FGR informó que la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación se definirá el próximo martes 21 de julio de 2026. Mientras Ruffo Appel y otros cuatro fueron enviados al Altiplano, los imputados José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
La investigación, que tiene como origen el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, identificó la participación de 70 personas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos. La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, causando una afectación al erario de más de 4,000 millones de pesos, cifra que otra fuente eleva a 4,456 millones de pesos. La empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario, está vinculada a las investigaciones.
Ante las detenciones, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política, asegurando que es producto de “una investigación que tiene un año” y aclarando que no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Por su parte, Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió “la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”.
El Partido Acción Nacional (PAN) exigió legalidad y debido proceso, señalando que “nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce”. Asimismo, la Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada consideró que el caso refleja una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que tras estas ocho detenciones aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
