Ciudad De México, 09 de julio de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una solicitud de extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos tras la difusión pública de una acusación formal en Nueva York que involucra a altos funcionarios mexicanos. El documento íntegro de la cancillería se hizo público tras una orden de la presidenta Claudia Sheinbaum de transparentarlo.
La SRE manifestó su preocupación por un comunicado de prensa emitido por la Oficina del Fiscal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el cual se publicaron los cargos penales y las identidades de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Entre los señalados se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.
Según la investigación, a finales de abril, el Gobierno de Donald Trump hizo pública una acusación federal que imputa a Rocha Moya y a un grupo de colaboradores de presuntamente cooperar durante años con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Las autoridades norteamericanas indican que los señalados habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar el tráfico masivo de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense, actuando a cambio de protección institucional, apoyo político y millonarios sobornos.
La Cancillería mexicana se quejó de que las autoridades estadounidenses violaron la confidencialidad al revelar datos sensibles. La SRE argumentó que la divulgación anticipada de estos datos entorpece los procesos de procuración de justicia y vulnera los derechos al debido proceso de las personas reclamadas en extradición. Además, señaló que el envío a Estados Unidos de los reclamados, en caso de suceder, se podría complicar por no mantener como reservados los nombres.
La dependencia detalló que la información de una solicitud de esta naturaleza solo debe ser hecha del conocimiento de los implicados una vez que hayan sido detenidos en territorio nacional. La SRE calificó la acción como una contradicción diplomática, puesto que el gobierno estadounidense había solicitado previamente a México que se tomaran medidas para asegurar la confidencialidad de los expedientes.
Ante esto, la SRE apuntó que el actuar del fiscal de Nueva York impide garantizar la secrecía que ellos mismos demandaron. La secretaría exigió que en futuras ocasiones el Departamento de Justicia instruya a sus fiscales sobre mantener la confidencialidad de los datos de acusados. A la justicia norteamericana le imputa, además de conspiración para importar narcóticos, delitos relacionados con la posesión.
