Ciudad De México, 05 de junio de 2026.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que el gobierno de Donald Trump cerrará un consulado estadounidense en México.
El argumento para el cierre es que la cantidad de visas aprobadas en esa sede no justificaría mantener una oficina permanente de tiempo completo. Rubio explicó que su administración ha consolidado operaciones consulares en distintas partes del mundo y que México será parte de ese ajuste.
Rubio dijo: “Lo hemos visto en México, donde vamos a cerrar un consulado”. Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha revelado qué consulado será cerrado ni cuándo ocurriría el ajuste.
Nogales aparece como una posibilidad de cierre porque los reportes de espera para citas de visa muestran una disponibilidad mucho más corta que otras sedes. Nuevo Laredo también podría entrar en el radar por su ubicación fronteriza y Matamoros es otra sede que podría ser revisada si Washington busca compactar operaciones en la frontera.
Por otro lado, Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado por Morena, minimizó señalamientos de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos. Los Angeles Times aseguró el pasado miércoles 3 de junio que Estados Unidos le había retirado la visa a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal.
Ramírez Cuéllar mencionó que el retiro de las visas no debe ser una situación que cause polémica o alarme. “Si a alguien le quitan la visa puede ser por muchos motivos, tampoco es para alarmarnos”, aseguró el legislador.
El diputado asegura que México ha cooperado con los procesos institucionales tras las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios. “Hemos cumplido, tenemos plazos, la Fiscalía tiene abierto un proceso, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) tiene también tiene bloqueadas las cuentas”, mencionó.
Ramírez Cuéllar espera que las autoridades migratorias de Estados Unidos revelen los motivos por los que supuestamente retiraron las visas a los gobernadores. Esta supuesta acción se suma a los señalamientos por nexos con el crimen organizado contra funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya.
