Varsovia, 29 de mayo de 2026.- Polonia y Rumania buscan revitalizar sus industrias armamentísticas con el objetivo de posicionarse como los principales proveedores de drones de Europa. Ambos países, que comparten cientos de millas de frontera con Ucrania, se han convertido en centros clave para suministrar armas y ayuda humanitaria al vecino país en conflicto desde hace poco más de cuatro años.
Para lograr esta meta, las naciones planean aprovechar el programa de defensa de la UE SAFE (Security Assistance for Europe), un instrumento financiero capaz de proporcionar hasta 150.000 millones de euros en préstamos. Estos fondos también estarían destinados a construir un sistema antidrones con una inversión estimada de unos 3.500 millones de euros, en el contexto de un proceso de rearme de la Unión Europea de 800.000 millones de euros.
En Polonia, el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, inauguró a finales de marzo el Centro de Sistemas Autónomos (OSA) en las afueras de Varsovia. Este centro, coordinado por el ejército, el Grupo Polaco de Armamentos PGZ y varios institutos de investigación civiles, forma parte de un proyecto para acelerar la investigación y producción de aeronaves no tripuladas. “La prioridad inmediata es terminar el diseño del PLargonia, un dron militar que pronto estará operativo y en producción”, declaró Kosiniak-Kamysz.
El modelo PLargonia es promocionado como el ‘Shahed polaco’. Según los datos disponibles, este dron es más ligero que el Shahed iraní, con un alcance de hasta 900 km y una carga útil máxima de 20 kg, mientras que el modelo iraní, cuya versión kamikaze es producida en masa por Rusia bajo el nombre Geran, tiene un alcance de 2.400 km y una carga útil de 90 kg.
A pesar de los planes del gobierno proeuropeo del primer ministro Donald Tusk de financiar la producción con fondos de la UE, el presidente euroescéptico Karol Nawrocki vetó el plan de financiación. Nawrocki argumenta que el préstamo sería demasiado caro, aunque la tasa de interés del mismo estaría por debajo de la tasa que el país paga por su deuda soberana.
Ante este escenario, los funcionarios trabajan en un plan para canalizar el dinero a un fondo militar que no requiera la aprobación del jefe de estado. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka señaló que “la decisión del presidente no cambia nada entre el gobierno polaco y la Comisión Europea”. La funcionaria agregó: “Lo único que ha cambiado es que necesitamos encontrar otra manera de introducir este dinero en nuestro sistema”.
