Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y afirmó que continuará con su defensa del sistema de justicia profesional ante los recientes intentos de desmantelarlo.
En un comunicado, la Jufed aseveró que la concentración del poder constituye el riesgo principal para los derechos humanos y señaló que cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección. La agrupación destacó que el Juicio de Amparo es el último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal.
“Quienes integramos el Poder Judicial de la Federación, tanto en activo como en retiro y que no formamos parte de la simulación de una elección, no respondemos a intereses facciosos”, indicó la Jufed. Añadieron que su juramento de defender la Constitución es un compromiso ético con la división de poderes y que “defender la independencia judicial es defender la libertad de cada ciudadano frente a la concentración autoritaria del poder”.
Respecto a las modificaciones legales, la asociación enfatizó que la Carrera Judicial garantiza excelencia técnica y autonomía. “Exigimos que atiendan las condiciones en que administran justicia las personas juzgadoras de carrera judicial, así como la necesidad de contar con perfiles experimentados y con habilidades técnicas, sin contaminación partidista”, exigieron, advirtiendo que cualquier modificación sin estas consideraciones sería “solamente retórica”.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integraran por personas con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. También propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renovaran paulatinamente, y que para ser ministro de la Corte se requiriera únicamente ciudadanía mexicana y no nacionalidad por nacimiento.
Sánchez Cordero consideró esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial y mencionó: “No se pueden renunciar todos y no pueden quedarse y deben quedarse paulatinamente su renovación”. Propuso además que la Presidencia del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración sea votada por sus pares cada dos años.
En el contexto de la elección de juzgadores prevista para 2027, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios, pronunciándose consejeras electorales por el uso de urna electrónica. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó.
Cabe recordar que tras la aprobación de la reforma judicial en 2024, jueces, magistrados y trabajadores administrativos tramitaron más de mil recursos contra la enmienda, la cual fue determinada como vigente y legal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2024. En sexenios anteriores, diversos tribunales desecharon amparos contra obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
