Morelia, 07 de abril de 2026.- Comuneros de Arantepacua realizaron protestas en las calles de Morelia que incluyeron la quema de vehículos, saqueos y múltiples destrozos en edificios públicos y privados. Los actos vandálicos obedecieron al noveno aniversario de una irrupción policial ocurrida el 5 de abril de 2017, la cual dejó cuatro personas muertas en la comunidad indígena.
Las protestas iniciaron alrededor de las 10:30 de la mañana. Decenas de personas se congregaron en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, inmueble que atacaron con cohetones. Reportes informaron sobre la presencia de encapuchados armados con palos, piedras y cohetes, quienes incendiaron camiones comerciales frente a dicha dependencia. Entre las unidades afectadas se documentó el incendio de dos camiones repartidores de agua, un camión de una empresa panadera sobre la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, y la toma y vandalismo de una camioneta de gas LP.
El contingente se dirigió a la Secretaría de Educación del Estado, donde realizó pintas con la consigna “5 de abril no se olvida” y rompieron cristales. Otros edificios vandalizados fueron la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, donde se registró la irrupción y sustracción de expedientes; una sucursal bancaria; la sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; el Infonavit; y el Instituto de la Juventud Moreliana. También se destrozaron dos cámaras de vigilancia y se saqueó un camión de jugos.
Se documentaron agresiones directas a elementos de la Guardia Civil, incluyendo la toma de una camioneta de dicha corporación cuyo conductor fue golpeado. Asimismo, una camioneta del Gobierno de México y una motocicleta repartidora fueron vandalizadas. Los manifestantes también destrozaron la camioneta de una paquetería, vandalizaron un cajero bancario, dos tiendas y una gasolinera.
A su llegada al Poder Judicial del Estado de Michoacán, los manifestantes colocaron dos lonas con consignas contra el exgobernador Silvano Aureoles. La irrupción policial original de 2017, instruida por el entonces gobierno de Michoacán encabezado por Aureoles, cobró la vida de Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Crisanto Luna, José Carlos Jiménez Crisóstomo y Luis Gustavo Hernández Coherentes. En ese evento también se denunciaron detenciones arbitrarias, actos de tortura y cateos ilegales.
En 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que la policía estatal hizo uso excesivo, ilegal y desproporcionado de la fuerza en Arantepacua. Derivado de estos hechos, la Fiscalía de Michoacán obtuvo 16 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios responsables, entre ellos el exgobernador Silvano Aureoles.
