Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- El Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México admitió el juicio de amparo indirecto 410/26 y emitió una suspensión provisional contra la construcción de la Estación 3 ‘Santa Lucía’ de la Línea 5 del Cablebús. La demanda, promovida por vecinos de la Colonia Colina del Sur en la alcaldía Álvaro Obregón, identifica como autoridades responsables a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; al alcalde Javier López Casarín; y a titulares de las Secretarías de Movilidad, Obras, Medio Ambiente (SEMARNAT) y al Instituto de Planeación Democrática.
Los vecinos sostienen que la obra, con un costo superior a los 7 mil 500 millones de pesos, se autorizó sin cumplir con procedimientos constitucionales de planeación, sin estudios técnicos y sin mecanismos de consulta pública. El colectivo presentó un análisis técnico que indica que la estación proyectada atraviesa áreas de alto riesgo por hundimiento, fracturas y presencia histórica de minas. “Nuestra colonia está en una zona de riesgo por hundimiento y agrietamiento. El color naranja nos indica alto riesgo y los puntos negros marcan minas históricas”, detalló el arquitecto Ricardo Castillo, integrante del grupo.
Castillo añadió que el trazo original evitaba las zonas de riesgo, pero cambios posteriores exponen directamente a la colonia. “Si se perfora el subsuelo y se encuentra una mina, ¿qué van a hacer? Nada; esto evidencia la falta de planeación técnica y de responsabilidad de las autoridades”, afirmó. Los vecinos también reclaman la demolición irregular de una estación de seguridad financiada por ellos y un Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES). “Nosotros no nos oponemos al desarrollo de la ciudad, pero exigimos que este se realice bajo el imperio de la ley”, señalaron los afectados.
En contraste, la calzada elevada de Tlalpan en la Ciudad de México, en su entronque Plaza Pino Suárez a la estación del Metro Chabacano, concluirá sus obras el 30 de mayo de 2026. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Raúl Basulto, dijo que la obra tiene suficiencia presupuestal y va avanzada. El proyecto, a cargo de la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., tendrá un costo de 2 mil 002 millones 399 mil pesos y construirá 1.8 kilómetros de tramo elevado. Basulto destacó que los recursos provienen del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS).
En Tijuana, se anunció el arranque del proyecto Supervía Bajacaliforniana / Viaducto Elevado SUBE-T, encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y el alcalde Ismael Burgueño Ruiz. La infraestructura, con una inversión privada de 20.5 mil millones de pesos, conectará el distribuidor vial Morelos con la Garita de Otay. La obra contempla 12 kilómetros de longitud con seis carriles principales elevados y reducirá los tiempos de traslado de hasta 45 minutos a aproximadamente 15 minutos. “Hoy nos subimos al segundo piso y elevamos nuestras miras. Elevamos la conectividad urbana y transfronteriza”, expresó la gobernadora.
En otros frentes, los alcaldes de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, y de Tlalnepantla de Baz, Raciel Pérez Cruz, firmaron un convenio de colaboración en la colonia Lomas de San Juan Ixhuatepec para rehabilitar zonas aledañas a la carretera México-Pachuca. Por su parte, en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró la primera etapa del Malecón Turístico El Cochórit en Empalme, con una inversión de 31.6 millones de pesos, mientras que en Torreón, habitantes de la colonia Villa Florida pidieron la remediación de viviendas dañadas por la ampliación de un paso vial.
Finalmente, en Ensenada, Baja California, la presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz propuso la contratación de un crédito por 450 millones de pesos y el refinanciamiento de otro por 410 millones para obras de infraestructura y deportivas. Esta solicitud ocurre en un contexto de crisis financiera, donde el ayuntamiento gasta más de lo que ingresa y encabeza el ranking de municipios más endeudados del país, con el 82.2% de sus partidas federales comprometidas para pago de deudas. Una sesión del Cabildo para discutir estos temas fue suspendida el martes 24 de marzo de 2026.
