Matamoros, 03 de abril de 2026.- La familia de Thalía exige justicia y reparación del daño a la empresa ENGIE a mil días de la explosión por fuga de gas que dejó graves secuelas a la víctima.
La explosión ocurrió la mañana del 29 de junio de 2023, cuando Thalía entró a un departamento que apenas iba a habitar. El siniestro fue por acumulación de gas natural, la cual ocurrió por una fuga en la calle que migró hacia el drenaje y subió hasta el baño.
Thalía sobrevivió con quemaduras en el 70% de su cuerpo y sufrió amputaciones en todos sus dedos. La víctima tiene secuelas irreparables en su salud y ha pasado por más de 20 cirugías, mientras la familia acumula deudas de casi 2 millones de dólares.
Peritajes señalan a la empresa ENGIE como responsable del siniestro. En diciembre de 2024, un peritaje descubrió las tuberías de gas a una distancia indebida del drenaje y concluyó que la explosión fue causada por el gas natural del ducto.
Desde el día del siniestro, personal de investigación en compañía de la Fiscalía Estatal de Tamaulipas y ante la presencia de técnicos de ENGIE inspeccionó el inmueble. Con aparatos especializados se tomaron mediciones que detectaron gas natural en el registro del drenaje del domicilio afectado y las lecturas arrojaron un nivel de explosividad altamente peligroso.
Directivos de ENGIE en Matamoros fueron notificados desde el primer momento y se les solicitó revisar la fuga para evitar más riesgos y asistir a las víctimas. La empresa de origen francés optó por no acatar dicha solicitud y prefirió negar lo ocurrido.
En estos mil días, abogados de ENGIE sostuvieron tres reuniones con la víctima, sus familiares y representantes legales. Una reunión fue para dar formalidad a la comunicación, otra solicitada por ENGIE fue para amenazar a la familia y exigirles no hablar del caso en medios o redes sociales, y otra fue para ejercer gaslighting corporativo.
Existe una carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía del Estado de Tamaulipas con avances significativos, pero con retrasos burocráticos que han permitido que directivos de la empresa acusada abandonen el país. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) tiene en sus oficinas denuncias por episodios de fugas y explosiones, ya con dictámenes en contra de la empresa regulada, pero no ha aplicado multas por dichas irregularidades ocurridas en los últimos cinco años.
