Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue vinculado a proceso por presunto peculado y abuso de autoridad relacionado con la contratación de una planta fotovoltaica en Mexicali con la empresa Next Energy.
En Aguascalientes, la Fiscalía General del Estado vinculó a proceso a un exdirectivo de Banca Afirme, identificado como Nabor ‘N’, por el delito de peculado. Tres exfuncionarios de la institución bancaria han sido detenidos y vinculados a proceso por el mismo delito.
Los exfuncionarios de Banca Afirme detenidos en Aguascalientes otorgaron recursos a la empresa Next Energy sin consultar al Municipio sobre su cumplimiento, a pesar de que debían custodiar un fideicomiso. La empresa Next Energy es señalada en una indagatoria judicial en el municipio de Aguascalientes, relacionada con un proyecto de energía fotovoltaica que comprometió recursos del Ayuntamiento hasta por 20 mil millones de pesos.
Nabor ‘N’ fue detenido el 3 de julio de 2025 en Baja California, acusado de retener más de 123 millones de pesos de un fideicomiso creado por el exgobernador Jaime Bonilla para una planta fotovoltaica con Next Energy. Quedó en libertad luego de un acuerdo de devolución de 123 millones de pesos más rendimientos, dando un total de 172 millones 158 mil 622 pesos, y posteriormente le retiraron los cargos.
David Alejandro ‘N’, otro exfuncionario de Banca Afirme, fue detenido en República Dominicana en abril del año pasado y extraditado a México en septiembre para seguir un proceso en Mexicali. Se le fijó una fianza por 2 millones de pesos y se le prohibió salir del país.
En enero fue encarcelado el propietario de Next Energy, el regiomontano Eugenio Maiz Domene, acusado de cometer fraude al municipio de Aguascalientes. El gobierno de Baja California denunció desde principios del sexenio de Bonilla irregularidades en el proyecto de construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali con Next Energy.
Desde 2022, la Fiscalía General de Baja California había llamado a Jaime Bonilla a rendir cuentas por transacciones para la obra que comprometieron recursos de la entidad por el orden de los 12 mil millones de pesos. Las transacciones del caso de Baja California fueron revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Sobre el caso, Claudia Sheinbaum declaró: “Se lo dejo a las Instituciones de Justicia, que ellos determinan si hubo una falta, si no hubo una falta… y sobre eso nos vamos”.
