Tijuana, 02 de abril de 2026.- El juez de control Joel Chávez Castro determinó prisión preventiva oficiosa y justificada contra los abogados Christian Pablo López Ortiz y Emmanuel Aurelio Valdez López, tras vincularlos a proceso por los delitos de despojo de inmuebles, extorsión agravada y asociación delictuosa.
Según el Semanario ZETA, el magistrado consideró que existen indicios razonados de que se cometieron dichos ilícitos en el fraccionamiento Laderas del Mar. Testigos reportaron que, entre el 24 de julio de 2025 y el 15 de marzo de 2026, sujetos armados ocuparon 40 unidades en obra negra y 11 viviendas ya terminadas del desarrollo. Entre los ocupantes se identificó a los dos imputados, quienes utilizaban vehículos de lujo.
La investigación revela que el ofendido recibió amenazas por parte de Emmanuel Aurelio Valdez López, quien primero se acercó presencialmente a la víctima y posteriormente realizó llamadas telefónicas en varias ocasiones. Al dictar la medida cautelar, el juez Joel Chávez Castro señaló: “Que hubiese muerto el administrador de la empresa no es impedimento para que la investigación hubiera iniciado”. La Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
En paralelo, en Coahuila, el gobierno estatal mantiene comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar apoyo en la expedición de una ficha roja contra Fernando Nicolás ‘N’, extitular de la Notaría Pública Número 45, señalado por su participación en un fraude inmobiliario. Óscar Pimentel González, secretario general de Gobierno de Coahuila, informó que el notario aparentemente se encuentra en España y que la Interpol realizaría su detención.
Pimentel González explicó que se detectaron irregularidades que derivaron en la cancelación de la autorización para ejercer al exnotario. “Gracias a eso nos pudimos dar cuenta de las irregularidades y se le retiró el fiat, el gobernador Manolo Jiménez tiene claro que no se pueden permitir irregularidades por parte de los notarios públicos”, declaró el funcionario. Como resultado de las investigaciones, otros cómplices fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
Un grupo de 27 afectados denuncia un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos. Se espera que antes del 15 de abril de 2026 se resuelva la restitución del daño para las víctimas del fraude en esa entidad.
