Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en el puente internacional Santa Fe de esta ciudad para exigir verdad y justicia efectiva a tres años del incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM), donde fallecieron 40 migrantes y resultaron lesionadas otras 27 personas.
En un pronunciamiento conjunto, agrupaciones como Derechos Humanos Integrales en Acción, Hope Border Institute, Servicio Jesuita a Refugiados y la Casa del Migrante de la Diócesis de Juárez denunciaron que los responsables de mayor jerarquía, incluido el ex comisionado del INM Francisco Garduño, continúan en procesos penales que les favorecen o han sido condecorados con nuevos cargos públicos, mientras las víctimas carecen de una reparación integral del daño.
Las organizaciones detallaron que el universo de afectados asciende a 82 personas, conformado por los 40 fallecidos y 42 sobrevivientes, de los cuales 27 son hombres y 15 mujeres. Sin embargo, señalaron que el Estado se niega a otorgar el reconocimiento legal como víctimas a las 15 mujeres sobrevivientes bajo el argumento de que no sufrieron lesiones físicas visibles, lo que les impide acceder a compensaciones económicas y medidas de reparación.
Respecto al estatus jurídico del caso, se informó que actualmente solo cuatro personas se encuentran en prisión, mientras que siete más siguen su proceso en libertad. Los activistas enfatizaron que no existen sentencias firmes contra los funcionarios del instituto, el personal de seguridad privada ni otros involucrados en la tragedia, calificando la situación como una justicia desigual e incompleta.
La movilización incluyó un viacrucis convocado en el puente internacional Santa Fe, sitio cercano a donde ocurrió la fatalidad. Paralelamente, en la Ciudad de México se llevó a cabo un conversatorio donde representantes de la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) expusieron las deficiencias en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Lorena Cano, representante del Imumi, reiteró durante el encuentro que la falta de reconocimiento administrativo para las mujeres sobrevivientes constituye una barrera para la reparación del daño. Por su parte, Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia, acompañó las demandas de las familias para que el caso no quede impune y se garantice la no repetición de hechos similares.
