SCJN ordena a Xcaret suspender uso de símbolos mayas en publicidad

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Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la suspensión definitiva que permitía a Grupo Xcaret utilizar elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad turística, al determinar que la protección de este patrimonio tiene mayor peso que el interés comercial de una empresa privada.

Por siete votos a dos, el Pleno aprobó el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, quien señaló que las empresas, aunque realicen inversiones que beneficien a las comunidades, no están facultadas para disponer indebidamente del patrimonio cultural de los pueblos indígenas ni del patrimonio de la nación.

Con esta resolución, la empresa deberá retirar esa simbología de su publicidad y sitio web mientras se resuelve el litigio de fondo que mantiene con integrantes de la comunidad maya, representados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

El debate del Pleno se extendió por una hora con 43 minutos. La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra del proyecto y manifestó su preocupación por la decisión, al estimar que con ello se estaba desconociendo la voluntad del Gran Consejo Maya, reconocido en las leyes de protección indígena desde 1998.

Esquivel argumentó que la empresa contaba con autorización del Gran Consejo Maya mediante un acuerdo comercial, y que en la Suprema Corte se recibió un escrito con 209 firmas de comisariados ejidales, alcaldes, delegados, subdelegados y jueces tradicionales apoyando dicho convenio.

La controversia surge de medidas cautelares ordenadas por el Indautor para retirar de circulación contenidos publicitarios que utilizan elementos de la simbología maya. Xcaret impugnó argumentando tener autorización del Gran Consejo Maya, y un juzgado de distrito le había concedido inicialmente una suspensión definitiva, decisión que ahora fue revertida por la SCJN.

La mayoría del tribunal consideró que la protección del patrimonio ancestral prevalece, independientemente de cualquier autorización comercial. El conflicto refleja una disputa sobre quién representa legítimamente al pueblo maya en este asunto: por un lado, el Indautor representa a integrantes de la comunidad que denunciaron; por otro, el Gran Consejo Maya firmó el acuerdo con la empresa turística.

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