Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, excluyendo la propuesta original de adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027. La iniciativa modificada cambia los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, enfocándose en ahorros presupuestales para congresos locales, ayuntamientos y el Senado, así como en la reducción de remuneraciones de funcionarios electorales.
La exclusión de la modificación al artículo 35, que era una pieza clave de la propuesta ejecutiva para permitir la promoción del proceso por parte de la mandataria, marca un cambio sustancial respecto a la iniciativa presentada inicialmente. Morena celebró el aval en redes sociales, calificándolo como un triunfo donde “la transformación llega a lo local: menos privilegios, más rendición de cuentas y gobiernos que responden al pueblo”. Por su parte, el PAN y el PRI consideraron un logro de la oposición que la enmienda avanzara sin los cambios relacionados con el mecanismo de revocación.
Michel González, secretaria general del PAN, declaró que “México ganó. Se eliminó de la reforma el intento de convertir la revocación de mandato en una herramienta al servicio del poder. Ganó la oposición que dio la batalla; ganó la ciudadanía, perdió la simulación”. Mientras tanto, el Partido del Trabajo (PT) replicó mensajes de apoyo a la presidenta tras la votación, manteniéndose dentro de la coalición oficialista pese a la eliminación del apartado controversial.
En cuanto a los aspectos operativos, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron que, aunque la decisión elimina una urna para el año entrante, persisten retos importantes. Martín Faz, consejero del INE, indicó que continúa una “tremenda complejidad” operativa debido a que se realizará en la misma fecha la renovación de la Cámara de Diputados, lo que obligará a instalar casillas diferenciadas y duplicar personal en diversas entidades donde también habrá elecciones locales.
El organismo electoral también expuso datos sobre el costo laboral de los procesos recientes. El INE pagó 2,419 millones de pesos en concepto de “bono electoral” a sus trabajadores en los tres últimos procesos comiciales. De esta cifra, 449.2 millones correspondieron a 2022 por la revocación de mandato, 964.9 millones al proceso electoral federal de 2024 y 1,005 millones a la elección del Poder Judicial en 2025. El instituto argumentó que eliminar este bono podría resultar más costoso debido al pago de horas extras que tendría que cubrir en su lugar.
Con la aprobación en la cámara alta, la minuta pasa ahora a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual ratificación. La reforma aprobada se limita a la búsqueda de ahorros en estados, municipios y el Senado, dejando sepultados los objetivos originales de reducir recursos a partidos y autoridades electorales mediante la reconfiguración del marco de la revocación de mandato durante la primera mitad del gobierno actual.
