Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en Morelia giró una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, así como contra Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y 14 agentes de la Policía Estatal, por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad cometidos durante un operativo en la comunidad de Arantepacua en abril de 2017.
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE), encabezada por Carlos Torres Piña, confirmó la emisión de un total de 16 órdenes de aprehensión contra los servidores públicos implicados en los hechos ocurridos hace nueve años en el municipio de Nahuatzen. Los delitos imputados contemplan prisión preventiva de oficio, lo que impediría a los acusados enfrentar el proceso penal en libertad.
Los hechos que originaron esta causa penal se registraron el 5 de abril de 2017, cuando elementos de la Policía Estatal intentaron levantar un bloqueo carretero en Arantepacua para recuperar vehículos retenidos por la comunidad. El operativo derivó en un enfrentamiento armado que dejó como saldo cuatro personas fallecidas, 10 casos de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias, además de siete policías heridos.
Silvano Aureoles Conejo ya era buscado por autoridades fiscales desde 2023 debido a otra orden de aprehensión vigente por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero, relacionados con un presunto desfalco millonario en la construcción de cuarteles policiales durante su mandato. Por dicho caso anterior, el exmandatario es considerado prófugo de la justicia.
Existen variaciones en los reportes sobre la magnitud del despliegue policial y los vehículos involucrados en el incidente original; mientras algunas fuentes mencionan la recuperación de 17 tráilers y tres camionetas, otras aluden a un número mayor de unidades de carga. No obstante, la determinación judicial se centra en las responsabilidades penales por las muertes y actos de tortura confirmados en la investigación.
