Coatzacoalcos, 27 de marzo de 2026.- Un grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Marina, Semarnat, Sener, ASEA, Pemex y Profepa mantiene labores de contención y limpieza en el litoral del Golfo de México, donde se han desplegado más de 2 mil 450 elementos para atender la presencia de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco.
De acuerdo con el informe oficial, las brigadas han intervenido 223 kilómetros de playas y retirado más de 430 toneladas de contaminantes de la superficie marítima y zonas costeras. El gobierno federal identificó tres fuentes de emanación del material: un presunto vertimiento ilegal de un buque en la zona de fondeo de Coatzacoalcos y dos chapopoteras naturales ubicadas en el Golfo de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que hubo un derrame original de un barco, aunque existen otras manchas en el Golfo cuyas fuentes están siendo investigadas. Las autoridades mantienen una investigación técnica y científica con uso de imágenes satelitales, drones y sobrevuelos de la Armada de México para determinar el origen preciso del hidrocarburo.
Por su parte, un conjunto de 37 organizaciones ambientalistas, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Conexiones Climáticas y CartoCrítica, presentó un análisis basado en imágenes satelitales que ubica el inicio del incidente entre el 11 y el 17 de febrero cerca de la plataforma Abkatún, en aguas de Campeche. Los colectivos reportan una extensión de 630 kilómetros de litoral afectado y una mancha de 50 kilómetros cuadrados.
Las organizaciones señalaron que las imágenes satelitales evidencian conocimiento temprano del incidente por parte de las autoridades, contención insuficiente y opacidad en la información pública sobre la magnitud del derrame, sus riesgos y las medidas de respuesta. Exigieron explicaciones sobre por qué no se activó oportunamente el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos.
Los colectivos enfatizaron que tres mecanismos del plan no se llevaron a cabo o fueron aplicados de forma opaca: notificación inmediata a las autoridades, instrumentos técnicos de evaluación ambiental y determinación de responsabilidad del contaminador. Hasta el momento, no se ha identificado públicamente a la empresa responsable ni se ha informado sobre procesos de compensación por los daños causados al ambiente y las comunidades afectadas.
La discrepancia entre la narrativa oficial y la de las organizaciones ambientalistas se centra en el momento del inicio de la contingencia y las causas del vertimiento. Mientras el gobierno reporta acciones desde la detección el 3 de marzo, las ONG acusan conocimiento oficial desde febrero y falta de transparencia en la difusión de información a la población.
