Trenton, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General anunció la emisión de órdenes de captura contra siete cabecillas de la disidencia armada conocida como Segunda Marquetalia, vinculados directamente con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Entre los principales objetivos se encuentran alias Iván Márquez, John 40 y Zarco Aldinever, por quienes se ofrecen recompensas que suman miles de millones de pesos.
Luz Adriana Camargo, titular de la Fiscalía General, confirmó la existencia de las órdenes judiciales en un proceso que busca esclarecer el magnicidio. Como parte de la estrategia para localizar a los implicados, la autoridad estableció una recompensa de cinco mil millones de pesos específicamente por alias Iván Márquez. De manera paralela, se ofrecieron cuatro mil millones de pesos por cada uno de los otros dos cabecillas señalados: John 40 y Zarco Aldinever.
La investigación ha puesto bajo la lupa el desempeño de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Augusto Rodríguez, director de dicha entidad, está involucrado en las diligencias derivadas del caso, mientras se analiza la responsabilidad administrativa y preventiva de la institución respecto a las medidas de seguridad que debían proteger al legislador.
El proceso judicial apunta a establecer la cadena de mando y ejecución dentro de la estructura de la Segunda Marquetalia responsable del atentado. Las autoridades mantienen la búsqueda activa de los siete cabecillas principales mencionados en las órdenes de captura, aunque no se han detallado públicamente los nombres completos ni las ubicaciones exactas de todos los involucrados restantes más allá de los tres líderes con recompensa asignada.
La oferta económica representa uno de los incentivos más altos en la historia reciente para la captura de miembros de grupos armados ilegales en la región. Con estas acciones, la Fiscalía busca desarticular la cúpula operativa señalada como autora intelectual y material del crimen contra el senador Uribe Turbay.
Mientras avanza la persecución penal, el caso continúa generando repercusiones en la esfera de seguridad nacional, evidenciando los desafíos que enfrentan las entidades encargadas de la protección de figuras políticas frente a las dinámicas del conflicto armado y la disidencia.
