Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- En un contexto marcado por la incertidumbre y la demanda de justicia, familiares de personas desaparecidas en diferentes entidades del país continúan su búsqueda ante la falta de resultados contundentes por parte de las autoridades. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta semana se dará a conocer el registro nacional de personas desaparecidas, casos específicos en Baja California y la Ciudad de México evidencian la complejidad de las investigaciones y el dolor de quienes esperan noticias.
En la capital del país, la familia de Naomy Geraldine Rojas Cervantes recibió una noticia esperada tras días de angustia. De acuerdo con reportes periodísticos, la joven fue localizada y ya se encuentra reintegrada con sus seres queridos. Sin embargo, persiste la confusión respecto al estatus oficial del caso, pues hasta el momento no se ha confirmado la desactivación de su ficha de búsqueda por parte de las instancias correspondientes, lo que mantiene en alerta a los colectivos que acompañan el proceso.
Al noroeste del país, la situación es crítica para los familiares de al menos cinco ciudadanos colombianos desaparecidos en Baja California. Arturo Mandujano, fiscal regional de Rosarito, detalló que Eyder Andrés Marín Agudelo logró comunicarse con su expareja para informar sobre un percance y posteriormente mencionar que se encontraba mejor, antes de perderse todo contacto. El funcionario reveló que la señal de dos teléfonos asociados al caso se ubica uno cerca de la carretera Tijuana-Rosarito y otro en el tramo Rosarito-Ensenada, aunque se desconoce si la desaparición ocurrió en el municipio de Rosarito o en Tijuana.
La desesperación también se vive en otros hogares mexicanos. Adilene Martínez, esposa de Jesús Salvador Ramos Jaime, hizo un llamado a las autoridades cuestionando los motivos de la sustracción de su esposo. “Somos personas honestas… no sé por qué me lo quitaron”, declaró la mujer, quien exige claridad sobre el paradero de su familiar. Por su parte, Margarita Mora Hernández, madre de Heidi Shanik López Mora, denunció que, a un mes de los hechos, la Fiscalía General del Estado no ha proporcionado respuestas claras sobre el avance de las investigaciones.
La memoria de las víctimas de larga data sigue vigente gracias a la lucha de sus familias. María de los Ángeles Rodríguez García, vocera del colectivo “Caso Pirasol”, continúa buscando a su hermano Rafael, uno de los dos choferes del autobús desaparecido hace 16 años junto con más de 30 personas. Este caso emblemático representa la persistencia de los colectivos que, ante la inacción institucional, han tomado la iniciativa de realizar búsquedas en vida, bloqueos carreteros y marchas para mantener viva la esperanza de encontrar a sus seres queridos.
Frente a este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que durante la presente semana se hará público el registro actualizado de personas desaparecidas en el país. Este dato es esperado por organizaciones civiles y familiares para dimensionar la magnitud real del fenómeno y evaluar las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno federal. La administración ha señalado que instituciones como la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional participan en operativos de búsqueda, aunque las familias demandan mayor celeridad y transparencia en los resultados.
