Semovi advierte que alianza entre Uber y taxis concesionados carece de marco normativo en CDMX

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Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que actualmente no existe ningún acuerdo oficial ni marco normativo que permita la integración del servicio de taxi concesionado a plataformas diseñadas para vehículos particulares. La dependencia capitalina anunció que reforzará la supervisión y aplicará las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de la normativa vigente.

Esta postura de la autoridad contrasta con el anuncio realizado por Félix Olmo, director general de Uber México, quien presentó una alianza operativa con taxistas concesionados agrupados en MX Taxi. Según el ejecutivo, este convenio tiene como objetivo responder a la demanda de transporte esperada durante la Copa del Mundo de Fútbol 2026, permitiendo a los usuarios solicitar unidades de taxi concesionado directamente desde la aplicación de la empresa de tecnología.

De acuerdo con información periodística, el acuerdo entre Uber y MX Taxi se concretó tras dos años de trabajo entre la plataforma y el gremio de taxistas. El modelo planteado busca que los conductores mantengan su carácter de transporte público regulado, operando a través de sus organizaciones y la tecnología de MX Taxi, mientras reciben solicitudes generadas en la interfaz de Uber.

Ante la contradicción entre el anuncio comercial y la regulación local, la Semovi fue categórica al señalar que la integración de estos vehículos en la app no cuenta con autorización. La dependencia recordó que el incumplimiento de las normas de movilidad puede derivar en multas de hasta 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para los responsables.

La disputa regulatoria surge en un momento crítico para la infraestructura de transporte de la capital, dada la proximidad del evento deportivo internacional. Mientras Uber y sus aliados en el sector taxi promueven la alianza como una solución logística, la autoridad local mantiene que la operación debe sujetarse estrictamente a los permisos y marcos legales existentes, sin espacios para integraciones no validadas.

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