Lima, 24 de marzo de 2026.- Ángelo Alfaro Lombardi presentó su renuncia al Ministerio de Energía y Minas de Perú tras ser señalado públicamente por Jennifer Canani de haber cometido una violación en el año 2000, cuando la denunciante tenía 16 años de edad. La salida del funcionario, confirmada este fin de semana, marca un nuevo episodio de inestabilidad en la administración del presidente José María Balcázar, convirtiendo a Alfaro en el octavo ministro en abandonar el gabinete ejecutivo.
Los hechos denunciados remontan a la ciudad de Pucallpa, donde Alfaro, entonces de 47 años y con un cargo gerencial en una empresa eléctrica, habría establecido contacto con los padres de Canani, quien cursaba el quinto año de secundaria. Según la versión pública presentada por la denunciante, el exministro prometió reconocer al niño producto de ese embarazo a cambio de poder convivir con la adolescente. La denuncia ha sacado a la luz un caso de más de dos décadas que ahora impacta la esfera política nacional.
Frente a las acusaciones, Ángelo Alfaro Lombardi ha negado la comisión del delito. En su defensa, el exministro ha sugerido que las motivaciones detrás de la denuncia responden a intereses de naturaleza económica, planteando una contradicción directa con la narrativa de violencia sexual sostenida por Canani. Hasta el momento, no se ha reportado información oficial sobre la existencia de procesos judiciales abiertos o cerrados relacionados con estos hechos ocurridos hace 26 años.
La renuncia se produce en un contexto de alta rotación dentro del Consejo de Ministros peruano. Con la partida de Alfaro, el gobierno de José María Balcázar acumula ocho bajas en su equipo de alta dirección, lo que refleja la fragilidad política que atraviesa la actual gestión. La administración presidencial no ha emitido, hasta la fecha de esta publicación, una reacción detallada ni declaraciones oficiales específicas sobre la aceptación de la dimisión o los pasos a seguir para cubrir la vacancia en el sector energético.
La controversia ha puesto bajo escrutinio el pasado de los funcionarios públicos en Perú, reabriendo discusiones sobre impunidad en casos históricos. Mientras la versión de la denunciante y la defensa del exministro permanecen sin resolución judicial reportada en los medios consultados, el caso continúa generando atención pública por las implicaciones éticas y legales que trascienden la esfera administrativa del gobierno actual.
