Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados tiene programado sesionar después del receso de Semana Santa para analizar la solicitud de desafuero en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público por un monto de 83 millones de pesos.
Hugo Eric Flores, diputado morenista y presidente de dicha comisión, confirmó que el órgano legislativo deberá emitir su dictamen antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias. El legislador indicó que la reunión se llevará a cabo tras el descanso vacacional, con el objetivo de no entorpecer la discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, la cual tiene prioridad en la agenda legislativa actual.
La acusación formal proviene de las autoridades de Campeche, donde Moreno Cárdenas ejerció como gobernador entre septiembre de 2015 y junio de 2019. Sin embargo, el escrutinio sobre su administración va más allá de este proceso penal específico. Reportes de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que, en enero de 2022, aún permanecían pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes al ejercicio fiscal de 2018.
De acuerdo con análisis de datos publicados por medios de comunicación, la gestión de David Colmenares al frente de la ASF fue considerada benévola para el priista en años recientes, ya que se perdonaron o solventaron cuentas que quedaron pendientes durante su sexenio. Las cifras indican que de los 3 mil 435 millones de pesos detectados inicialmente como posibles desvíos en 2018, más de 2 mil 700 millones fueron perdonados o regularizados, dejando una minoría del total bajo observación estricta hasta 2022.
El proceso de desafuero coloca a Alejandro Moreno Cárdenas en una situación jurídica compleja, sumando a su rol como senador y dirigente partidista la defensa contra estas imputaciones. La Comisión Instructora, integrada por legisladores de diversas fuerzas políticas, será la responsable de determinar si existen elementos suficientes para retirar la inmunidad parlamentaria del acusado y permitir que el proceso penal avance en los tribunales ordinarios.
La expectativa en el entorno político se centra en la fecha exacta en que la comisión presentará su resolución, la cual podría definir el futuro inmediato de la dirigencia del PRI y abrir la puerta a un juicio por los recursos públicos presuntamente malversados durante la administración estatal en Campeche.
