Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donatarias autorizadas a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, entre las que se encuentra el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La medida ha generado una discrepancia legal entre el organismo fiscal y las entidades afectadas, pues mientras el SAT sostiene que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) no tenía atribuciones para acreditar actividades, el IMCO asegura haber cumplido puntualmente con dicho requisito.
De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones ya han sido dadas de baja formalmente, aunque el impacto alcanza a más de un centen de instituciones que operan bajo este régimen fiscal. La controversia radica en la interpretación de las nuevas disposiciones que exigen acreditar actividades específicas para mantener el beneficio, las cuales fueron satisfechas por el IMCO ante la SECIHTI, pero que ahora son cuestionadas por la autoridad tributaria.
El IMCO, una asociación civil sin fines de lucro fundada en 2003, ha manifestado que realizó todos los trámites correspondientes y cumplió con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, la revocación del SAT implica que la acreditación otorgada por la SECIHTI es considerada inválida por la administración tributaria, creando un vacío legal que deja a estas organizaciones en riesgo de perder su capacidad para recibir deducibles.
Ante esta situación, el IMCO presentó una nueva solicitud ante el SAT el 18 de noviembre, buscando regularizar su situación, aunque hasta la fecha no se conoce la resolución final de dicho proceso. La falta de claridad sobre la fecha exacta en que se notificaron las revocaciones y la ausencia de una lista completa de las organizaciones afectadas complican el panorama para el sector social.
Este movimiento del SAT ocurre en un contexto donde diversas narrativas internacionales han señalado tendencias hacia la criminalización o restricción de operaciones de organizaciones no gubernamentales, aunque no existen datos específicos que vinculen directamente el caso mexicano con fenómenos globales reportados por medios extranjeros. La disputa entre la SECIHTI y el SAT por las atribuciones de acreditación deja a más de 100 entidades en un limbo administrativo que podría afectar su operatividad y financiamiento.
