Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Especialistas en materia electoral y exfuncionarios del organismo comicial han expresado críticas severas respecto al llamado ‘Plan B’, la nueva propuesta de reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual incluye modificaciones a la revocación de mandato y ajustes presupuestarios para los poderes legislativos. Las observaciones se centran en el potencial efecto regresivo para la democracia y la posibilidad de que la iniciativa derive en mecanismos de propaganda a favor del Ejecutivo.
José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), junto con otros académicos como Javier Martín Reyes y Tito Garza Onofre, participaron en un análisis donde coincidieron en que el rumbo actual de la reforma rompe con la lógica histórica de consenso que caracterizó a cambios previos en 1994, 1996, 2007 y 2014. Según los especialistas, la nueva propuesta podría convertirse en una oportunidad para realizar publicidad electoral en favor de la mandataria, dado que el texto permite que la persona sujeta a revocación participe en la difusión del proceso e incluso promueva el voto a su favor.
La iniciativa, recibida formalmente por el Senado de la República, fue turnada de inmediato a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación. El documento plantea modificar los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, con el objetivo declarado de reducir privilegios de la alta burocracia y fortalecer la democracia directa. Entre los puntos clave destaca la ampliación del periodo para realizar la revocación de mandato, estableciendo que pueda tener lugar en el tercer o cuarto año de la gestión presidencial, coincidiendo con las elecciones intermedias de 2027.
En cuanto a la austeridad republicana, la propuesta establece obligaciones de diagnóstico y ajuste presupuestario para el Senado, requiriendo una reducción del 15 por ciento respecto al presupuesto aprobado en 2026 a partir del siguiente ejercicio fiscal. Asimismo, se determinan límites a las remuneraciones de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados electorales, quienes no podrán percibir salarios superiores al de la Presidencia de la República. También se prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados con recursos del Estado para servidores públicos, salvo aquellos derivados de ley o contratos colectivos.
La reforma ha generado debate incluso entre aliados del gobierno. El Partido del Trabajo (PT) mantiene reservas sobre el texto, señalando riesgos de inestabilidad por la revocación de mandato y la posibilidad de que genere campañas permanentes. Aunque la presidenta Sheinbaum ha confirmado que se incluirán propuestas para fortalecer la paridad de género tras detectar una omisión inicial en cargos municipales, la postura del PT y de Movimiento Ciudadano sigue siendo de oposición o cautela respecto a los mecanismos de revocación propuestos.
Paralelamente a la discusión legislativa, el Instituto Nacional Electoral enfrenta cuestionamientos por medidas de seguridad aplicadas en 40 inmuebles, las cuales han sido criticadas por limitar el trabajo periodístico. Mientras las comisiones del Senado avanzan en el estudio del dictamen, la discusión pública se mantiene dividida entre quienes ven en el ‘Plan B’ un instrumento de austeridad necesario y quienes alertan sobre una concentración de poder político que podría alterar el equilibrio democrático del país.
