Por Redacción
Ciudad De Washington, 21 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde la Ciudad de Washington una serie de medidas excepcionales para contener la crisis energética global derivada del conflicto en Medio Oriente, incluyendo la autorización para la venta de 140 millones de barriles de petróleo iraní que se encontraban bajo sanciones y la contemplación de reducir gradualmente las operaciones militares contra Irán. La decisión se toma en un contexto de volatilidad extrema donde el barril de crudo ha superado los 100 dólares y el galón de gasolina en el mercado estadounidense oscila entre 3.8 y 4.2 dólares.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU., confirmó la implementación de estas estrategias que buscan estabilizar el suministro global, afectado por el cierre del estrecho de Ormuz. Entre las acciones destacadas se encuentra la modificación de la Ley Jones para facilitar el transporte marítimo y la liberación de activos energéticos iraníes varados en el mar, una medida sin precedentes que busca inyectar liquidez inmediata al mercado ante la interrupción de las cadenas de suministro.
Las declaraciones del mandatario estadounidense presentaron contradicciones notorias en su discurso; mientras afirmó que “no quiere un alto el fuego”, simultáneamente indicó que se planea una reducción gradual de las hostilidades. Asimismo, Trump criticó a los países de la OTAN por su reticencia a abrir el estrecho de Ormuz, a pesar de haber señalado previamente que Estados Unidos prescinde de dicha vía marítima para sus propios intereses energéticos.
En medio de las tensiones, persisten discrepancias sobre los eventos recientes en la región. Reportes noticiosos mencionan un ataque a una planta desalinizadora en Qeshm el 7 de marzo, el cual Irán atribuyó a fuerzas estadounidenses, aunque el ejército de EE.UU. ha negado su involucramiento. Además, no se han detallado completamente los cinco objetivos militares específicos que Trump mencionó como parte de su estrategia contra la República Islámica.
Ante este escenario internacional, México ha activado mecanismos de protección económica. Édgar Amador, secretario de Hacienda, trabaja en la aplicación de subsidios fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para combustibles, con el objetivo de amortiguar el impacto inflacionario en el país. Analistas financieros mantienen una estimación neutral sobre el efecto total en la economía mexicana, a la espera de cifras concretas sobre la duración del conflicto.
Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, monitorea la situación junto con el sector financiero, mientras los mercados globales reaccionan a la dualidad de la política estadounidense que combina presión militar con liberación de recursos energéticos del adversario. La evolución de las negociaciones y el movimiento de los precios del crudo definirán los próximos pasos tanto en la Casa Blanca como en las bolsas de valores internacionales.
