Por Redacción
Cancún, 21 de marzo de 2026.- En el marco de la 89 Convención Bancaria, celebrada del 18 al 20 de marzo en este destino turístico, surgieron llamados para acelerar la digitalización de los sistemas de pagos en México y revisar las medidas contra el lavado de dinero, temas que concentraron la atención de Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, así como de directivos de la Asociación de Bancos de México (ABM) y autoridades norteamericanas del Departamento del Tesoro.
El encuentro reunió a representantes de alto nivel, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, y contó con la participación de funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Centro de Análisis e Información Financiera (FinCEN) y el Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos, quienes revisaron los avances en materia de cooperación internacional para combatir ilícitos financieros.
La urgencia de modernizar la infraestructura financiera se sustenta en cifras robustas del sistema mexicano. Al término del primer semestre de 2025, el mercado fiduciario en el país superó los 11.5 billones de pesos, equivalente a aproximadamente 620 mil millones de dólares, lo que refleja un crecimiento significativo en la gestión de activos.
Asimismo, durante 2025, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) procesó más de 7,300 millones de operaciones por un monto cercano a los 600 billones de pesos (unos 33.3 billones de dólares). Esta cifra representa 16.8 veces el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, destacando la magnitud y la necesidad de eficiencia en los flujos monetarios digitales.
Ricardo Rangel, director ejecutivo de Negocio Fiduciario de Multiva, participó en los debates junto a otros actores clave del sector, enfocándose en la importancia de fortalecer los mecanismos de seguridad y transparencia ante el volumen de transacciones registradas. Las discusiones buscaron alinear estrategias entre el sector público y privado para enfrentar los desafíos del entorno económico actual.
La revisión de las medidas antilavado y la profundización de la digitalización se perfilan como ejes centrales para la estabilidad financiera de México, en un contexto donde la colaboración transfronteriza con las autoridades estadounidenses resulta determinante para mitigar riesgos sistémicos y garantizar la integridad del mercado.
