Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de las acusaciones derivadas de los videos donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos, mientras que el periodista Carlos Loret de Mola calificó el fallo como una venganza del régimen.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que el órgano electoral determinó que no se cometió ningún delito. “Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, afirmó Sheinbaum, quien añadió que corresponde al tribunal revisar si existió alguna violación a las leyes electorales y que su resolución debe ser acatada.
La jefa del Ejecutivo indicó que es necesario analizar los fundamentos en los que se basó el TEPJF para emitir dicha sentencia. “Es el Tribunal Electoral, ellos tienen sus mecanismos para revisar si hubo una violación de algún tipo a las leyes electorales y esa es su resolución, pues hay que ver con base en qué hizo esta resolución”, explicó ante los medios de comunicación.
En contraste, Carlos Loret de Mola, quien difundió los grabaciones en 2020 a través de LatinUS, denunció que todas las instituciones del Estado relacionadas con el caso se han alineado para exonerar al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Esta es una venganza del régimen”, aseguró el comunicador, quien también ha reportado riesgos para su seguridad.
Los videos en cuestión, grabados por David León, mostraron a Pío López Obrador recibiendo efectivo en sobres amarillos. En su momento, el entonces presidente López Obrador sostuvo que dicho dinero estaba destinado al partido Morena. Tras la absolución, se han presentado demandas por daño a la imagen contra LatinUS y Carlos Loret de Mola, cada una por 200 millones de pesos.
Medios como López-Dóriga Digital han cuestionado el fallo, argumentando que un “tribunal constitucional a la medida” absolvió al implicado de hechos que consideraban inabsolvibles. La controversia subraya la división entre la postura oficial que valida la legalidad del proceso y las críticas que apuntan a una instrumentalización de las instituciones judiciales.
