Por Redacción
Ciudad de Mexico, 20 de marzo de 2026.- Una jueza de control vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada, exsubprocuradora de Justicia de Guerrero, por los delitos de posesión de cartuchos y delitos contra la salud. La decisión judicial, emitida el pasado 18 de marzo de 2026, deriva de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que mantiene a la funcionaria de 73 años bajo proceso legal.
De acuerdo con la información disponible, Estrada fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla tras la resolución de la autoridad judicial. El plazo para la investigación complementaria se fijó en dos meses, periodo durante el cual la defensa y la acusación deberán presentar las pruebas correspondientes para el siguiente etapa del procedimiento.
Además de los cargos por los cuales fue vinculada formalmente, la FGR mantiene una línea de investigación sobre la presunta implicación de la exfuncionaria en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las autoridades indagan su posible responsabilidad en la desaparición de material probatorio crucial, específicamente los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, registrados los días 26 y 27 de septiembre de 2014, fechas inmediatas a los hechos.
La desaparición de dichos registros audiovisuales representa un obstáculo significativo para la reconstrucción de los hechos ocurridos en Iguala aquella noche, donde estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro García de Ayotzinapa fueron detenidos y posteriormente desaparecidos. La pérdida o ocultamiento de estas evidencias ha sido objeto de escrutinio en diversas etapas de la investigación federal.
Este desarrollo judicial marca un nuevo capítulo en las consecuencias legales para funcionarios que ocuparon cargos durante el periodo de los hechos en Guerrero. La vinculación a proceso de Estrada se suma a las acciones legales que buscan esclarecer tanto la dinámica criminal de aquella noche como las posibles acciones de obstrucción a la justicia realizadas por autoridades locales en los años posteriores.
