Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunciaron que procederán legalmente contra funcionarios actuales y exdirectores de la institución por presuntos daños irreparables al patrimonio maya durante la construcción del Tren Maya. Las denuncias se centran en la destrucción de estructuras y la alteración de monumentos en proyectos como el Parque Balam Tun, acciones que los expertos califican como “crímenes de lesa arqueología”.
Jesús E. Sánchez, arqueólogo del INAH, informó que se preparan amparos, denuncias y demandas contra el exdirector Diego Prieto, así como contra funcionarios en turno como Margarito Molina, director del Centro INAH Quintana Roo, y miembros del Consejo de Arqueología. Según los denunciantes, estas autoridades autorizaron intervenciones irregulares bajo el argumento de un “salvamento arqueológico” que, en realidad, habría derivado en la pérdida de más de 62,000 estructuras mayas no recuperadas hasta 2026.
Las acusaciones incluyen el uso de dinamita y retroexcavadoras en zonas arqueológicas de los tramos 6 y 7 del tren, así como la desmantelación y recombinación de piezas originales en el parque Balam Tun en Chetumal y el proyecto K’awil en Xpujil, Campeche. Fernando Cortés de Brasdefer, otro de los especialistas involucrados, señaló que 47 monumentos fueron supuestamente restaurados de manera cuestionable y 36 reubicados sin cumplir con los protocolos de conservación establecidos.
El conflicto representa una fractura interna en la institución encargada de proteger el patrimonio nacional, pues los denunciantes son miembros del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH. Durante una mesa de debate titulada “La destrucción y despojo de monumentos arqueológicos”, los expertos expusieron que las acciones fueron impulsadas indiscriminadamente para cumplir con los tiempos de la obra ferroviaria, priorizando el desarrollo sobre la preservación histórica.
Se prevé que en los próximos días se definan los aspectos logísticos para arrancar formalmente con los procedimientos legales, los cuales requerirán el consenso de la asamblea general del sindicato. Mientras tanto, la comunidad académica exige una verificación independiente de los sitios afectados y la presentación de evidencia documental que respalde las graves acusaciones de destrucción sistemática.
Este escándalo pone en duda la legitimidad de los “Parques de la Memoria” promovidos por el gobierno federal y abre un precedente jurídico sobre la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en la protección del patrimonio cultural. La respuesta oficial del INAH y de los funcionarios señalados aún está por conocerse, mientras la presión social y académica aumenta para detener cualquier intervención adicional en las zonas arqueológicas remanentes.
