Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Cámara de Senadores avanza en la discusión y aprobación del llamado Plan B electoral, una reforma estructural que contempla la reducción del gasto público en procesos electorales y la modificación de los mecanismos de revocación de mandato, con el objetivo declarado de facilitar una consulta ratificatoria para la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027. La iniciativa cuenta con el respaldo crítico del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuya bancada confirmó que 13 de sus 14 senadores votarán a favor de los cambios propuestos por la coalición oficialista.
Manuel Velasco Coello, líder del PVEM, destacó la alineación de su partido con la agenda de la cuarta transformación, asegurando que el apoyo legislativo es fundamental para consolidar las reformas que buscan optimizar los recursos democráticos. Por su parte, Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, confirmó que la votación final está programada para concluir en los próximos días, lo que permitiría enviar el decreto a la Cámara de Diputados para su promulgación antes del cierre del periodo ordinario de sesiones.
El núcleo de la reforma electoral incluye la imposición de límites estrictos al gasto de los congresos locales, fijando un techo del 0.7% del presupuesto estatal, así como una reducción significativa en el número de regidores en los ayuntamientos para disminuir la carga burocrática. Asimismo, se modifican las reglas de la revocación de mandato para permitir que el titular del Ejecutivo federal se pronuncie durante el proceso y se habilita legalmente la realización de dicha consulta en el año 2027 o 2028, cumpliendo con el anhelo de Morena de someter a votación la continuidad del proyecto político encabezado por Sheinbaum.
Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de Morena, enfatizó que estas medidas no solo representan un ahorro administrativo, sino que devuelven la soberanía al pueblo para decidir sobre la permanencia del gobierno actual. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura de respaldo total a la iniciativa, argumentando que la democracia debe ser participativa y constante, aunque la oposición, representada por figuras como Elías Lixa del PAN, ha criticado la modificación de las reglas electorales por considerarlas un intento de perpetuación en el poder.
En paralelo a la discusión del Plan B, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en un proceso que busca renovar la autoridad electoral tras las críticas del oficialismo hacia los consejeros nombrados en 2017. La armonización legislativa ya comienza a reflejarse en los estados; el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció la presentación de una iniciativa local para ajustar la legislación potosina a los nuevos parámetros federais una vez que la reforma sea publicada.
Con la certeza del voto verde asegurada, el bloque oficialista se encamina a alcanzar la mayoría calificada necesaria para validar constitucionalmente el Plan B, marcando un punto de inflexión en la arquitectura electoral mexicana que definirá el escenario político de cara a la posible ratificación de mandato de la presidenta en el próximo sexenio.
