Por Redacción
Estados Unidos, 19 de marzo de 2026.- El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, anunció este miércoles la expansión de un polémico programa migratorio que obliga a ciudadanos de 12 nuevos países a pagar una fianza reembolsable de 15 mil dólares para obtener una visa de turista o negocios. La medida, que entrará en vigor el 2 de abril de 2026, eleva a 50 el total de naciones sujetas a este requisito, con el objetivo declarado de reducir los costos asociados a la deportación de viajeros que se quedan más tiempo del permitido.
Según datos del Departamento de Estado, el programa ya existente, que cubría a 38 países, ha logrado un cumplimiento del 97% entre los viajeros que presentaron la garantía financiera. Las autoridades estadounidenses estiman que el costo promedio de deportar a una persona asciende a 18 mil dólares, por lo que la expansión de la medida podría generar un ahorro de hasta 800 millones de dólares anuales para las arcas públicas.
Los doce países recién agregados a la lista son Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Se unen así a otras naciones que ya estaban bajo este esquema, aunque el Departamento de Estado no ha publicado la lista completa de los 38 países originales.
La fianza de 15 mil dólares es reembolsable siempre y cuando el solicitante de la visa cumpla con los términos de su estadía y abandone Estados Unidos antes de que expire el plazo autorizado. El mecanismo exacto para la devolución del dinero no fue detallado en el comunicado oficial. Tampoco se especificaron los criterios concretos utilizados para incluir a un país en el programa, más allá de las tasas históricas de incumplimiento migratorio de sus ciudadanos.
Esta ampliación se enmarca en el endurecimiento de las políticas migratorias y de control fronterizo que ha caracterizado a la administración Trump. El anuncio se produce en un contexto de creciente presión política interna para reducir la inmigración irregular y los gastos operativos de las agencias de seguridad y deportación.
La medida ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes y podría afectar los flujos turísticos y comerciales desde los países recién incluidos. Se espera que los consulados estadounidenses en esas naciones comiencen a notificar a los solicitantes sobre el nuevo requisito a partir de la fecha de implementación en abril.
