Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Tres trabajadores murieron y uno resultó lesionado el 9 de marzo tras el derrumbe de un inmueble en proceso de demolición en la colonia San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc, un incidente que ha desatado una disputa legal y una pugna política sobre quién tenía la responsabilidad de supervisar las obras. El sobreviviente, Ángel Miranda, anunció una demanda civil contra la empresa encargada de la demolición por presuntas irregularidades en la póliza de responsabilidad civil, mientras la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y el gobierno central de la Ciudad de México se señalan mutuamente como responsables de la falta de verificación.
Según datos de la alcaldía Cuauhtémoc, existen 456 solicitudes de inspección de inmuebles en riesgo pendientes de respuesta por parte del gobierno capitalino, con un periodo de acumulación que va de octubre de 2025 a marzo de 2026. En el mismo lapso, se identificaron 17 inmuebles en proceso de demolición que representan un riesgo similar al del edificio colapsado en San Antonio Abad 124.
La alcaldesa Rojo de la Vega, a través de un comunicado, sostuvo que su administración ha cumplido con solicitar las verificaciones técnicas correspondientes, pero la falta de respuesta de las instancias centrales ha limitado su capacidad de acción. En contraparte, el gobierno de la ciudad ha señalado un supuesto conflicto de atribuciones derivado de un “Acuerdo de Facilidades” que, según versiones, limitaría la facultad de supervisión de la alcaldía, una interpretación que la administración local rechaza.
Luisa Gutiérrez, dirigente del PAN en la capital, salió en defensa de la gestión de Rojo de la Vega, acusando al gobierno central de no atender las centenares de solicitudes de inspección y de buscar responsabilizar a la alcaldía por un problema de su competencia. “La alcaldía ha hecho su parte, el llamado es a que el gobierno de la ciudad actúe y atienda las solicitudes pendientes”, declaró Gutiérrez.
Por su parte, el bufete jurídico Vega Mac Gregor Arellano, que representa al sobreviviente Ángel Miranda, emitió un comunicado en el que adelanta que la demanda civil se fundamentará en la presunta falta de una póliza de responsabilidad civil vigente y adecuada por parte de la empresa contratista, cuya identidad no ha sido oficialmente revelada. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) mantiene una investigación abierta para determinar las causas precisas del derrumbe y posibles responsabilidades penales.
El caso ha puesto en evidencia la falta de coordinación y los vacíos en los protocolos de supervisión de demoliciones en la capital, en un contexto donde decenas de edificios antiguos o en mal estado requieren intervención. La disputa entre autoridades locales y centrales parece lejos de resolverse, mientras familiares de las víctimas y el trabajador sobreviviente aguardan justicia y respuestas.
