Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado su reforma electoral denominada ‘Plan B’, que modifica la consulta de revocación de mandato y ajusta la integración de gobiernos municipales. La iniciativa, presentada este martes, busca según el gobierno federal reducir costos electorales y fortalecer mecanismos de participación ciudadana, aunque enfrenta críticas por posibles afectaciones a la paridad de género y acusaciones de ser un instrumento de ventaja electoral.
La propuesta establece que la consulta de revocación de mandato presidencial deberá coincidir con las elecciones federales intermedias, lo que permitiría a la mandataria hacer proselitismo durante el proceso. En la única revocación realizada en 2022, participaron 16.5 millones de personas (17.7% del padrón de 97 millones), con 15.159 millones de votos (91.8%) a favor de que Andrés Manuel López Obrador continuara en el cargo.
En materia municipal, la iniciativa propone reducir el número de regidores entre 7 y 15 por ayuntamiento, además de limitar el gasto de los congresos estatales al 0.7% del presupuesto de cada entidad. Sin embargo, la propuesta original omitió la palabra ‘paritario’ respecto a la integración de cabildos, lo que generó críticas sobre una posible afectación a la paridad de género. La Presidencia corrigió señalando que fue una omisión sin intención de prescindir de esta disposición.
La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, defendió la iniciativa argumentando que busca ‘reducir privilegios y costos electorales’. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que la reforma fortalecerá la democracia participativa. La coalición gobernante cuenta con el apoyo prometido del Partido Verde y del PT para su aprobación.
Críticos como Elías Lixa señalaron que en Yucatán, específicamente en Mérida, se reducirían 2 regidores pero aumentarían en 221 en el interior del estado, contradiciendo el discurso oficial de ahorro. Analistas de oposición consideran que la modificación a la revocación busca dar ventaja electoral a Morena al permitir el proselitismo presidencial durante el proceso.
Esta iniciativa surge luego del rechazo de una reforma electoral más profunda (‘Plan A’) y se enmarca en el proceso de transformación que inició con la incorporación de la revocación a la Constitución en 2019. El debate en el Congreso determinará si estas modificaciones avanzan hacia su implementación en el próximo proceso electoral.
