Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes una nueva iniciativa de reforma electoral, denominada ‘Plan B’, enfocada en reducir el gasto de los congresos locales y los ayuntamientos, cuyos ahorros serían destinados a obras públicas. El proyecto, que será enviado formalmente al Congreso de la Unión este martes, surge luego de que la semana pasada el PT y el PVEM, aliados de Morena, bloquearan en la Cámara de Diputados una propuesta más integral, conocida como ‘Plan A’.
La iniciativa se concentra en recortar lo que el gobierno federal califica como ‘privilegios’ en las legislaturas estatales, como los altos costos por legislador. Como ejemplo, Sheinbaum citó que en Baja California el costo por diputado local asciende a 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.1 millones. En total, se estima que la medida podría generar un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos, fondos que, según la mandataria, serían etiquetados para infraestructura y servicios.
“Vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional para disminuir el gasto de los congresos locales y de los municipios”, señaló Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. A diferencia del ‘Plan A’ rechazado, esta propuesta deja de lado, por el momento, cambios al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al financiamiento de los partidos políticos a nivel federal.
El contexto político es clave: el 11 de marzo, la bancada de Morena no logró los votos necesarios para su reforma electoral original, al enfrentar la oposición de sus propios socios de coalición, el PT y el PVEM. El ‘Plan B’ representa una maniobra para salvar una parte de la agenda presidencial en la materia, aunque su tramitación no será sencilla, ya que requerirá ser aprobada por al menos 17 congresos locales una vez que pase por el Congreso federal.
La propuesta ha generado reacciones encontradas. Mientras el oficialismo la presenta como una medida de austeridad y sentido común para redirigir recursos a la población, la oposición y algunos analistas la ven como un intento por debilitar a los contrapesos legislativos a nivel estatal y municipal, fortaleciendo el control central. El debate en el Congreso y, posteriormente, en las entidades federativas, promete ser intenso en las próximas semanas.
