Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que enviará al Congreso de la Unión una nueva propuesta de reforma electoral, denominada ‘Plan B’, enfocada en reducir el presupuesto de los congresos locales, el Senado y el número de regidores municipales, con el objetivo de reorientar cerca de 4,000 millones de pesos hacia obra pública en estados y municipios. La iniciativa, que será remitida este martes 17 de marzo, surge tras el rechazo, el pasado 11 de marzo, de una reforma más amplia (Plan A) en la Cámara de Diputados, donde incluso sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaron en contra.
Sheinbaum detalló que la nueva propuesta busca ‘disminuir el ingreso económico a partidos políticos’ y eliminar privilegios, aunque reconoció que este último punto no se logró incluir plenamente en el acuerdo alcanzado con PT y PVEM durante el fin de semana. La mandataria aseguró que los recursos que se ahorren con la reducción de estructuras legislativas serán etiquetados específicamente para obras en los municipios y entidades federativas.
El anuncio se realizó desde Palacio Nacional y contó con la presencia de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y otros líderes de la coalición gobernante. Según análisis editoriales, este Plan B representa una carga de austeridad para estados y municipios que podría vulnerar el federalismo, al tiempo que ‘salva’ de recortes a instituciones federales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como al propio financiamiento de los partidos políticos a nivel nacional.
La propuesta incluye cifras concretas sobre los costos por legislador que se pretenden recortar. Por ejemplo, en Baja California el costo por diputado local asciende a 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.17 millones de pesos. Estas diferencias ilustran el potencial ahorro que, según el gobierno federal, podría ser redirigido. La iniciativa no especifica aún el número exacto de regidores y diputados locales que se reducirían, ni el mecanismo legal para garantizar que los fondos liberados se destinen efectivamente a infraestructura.
El contexto político es clave: el fracaso del Plan A se atribuye, según análisis, al temor de PT y PVEM a un partido hegemónico y a perder su registro, tras un preacuerdo que incluía reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes. Con este nuevo acuerdo más acotado, el gobierno busca asegurar los votos necesarios para su aprobación en el Congreso, aunque se desconoce la postura oficial de los partidos de oposición. El proceso de aprobación requerirá mayorías en ambas cámaras y posiblemente la ratificación de los congresos locales, un camino que se prevé complejo.
El cierre de la brecha entre la insistencia presidencial en recortar privilegios a los partidos y la aparente salvaguarda de estos en la propuesta actual marca una tensión que definirá el debate legislativo. Lo que sigue es la presentación formal de la iniciativa y el inicio de las negociaciones en el Congreso, en un escenario donde la gobernabilidad de la coalición oficialista dependerá de mantener la unidad con sus aliados para evitar un nuevo revés en su agenda de reformas políticas.
