Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones civiles mexicanas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vigilar la crisis de desplazamiento forzado interno que afectó a 390,000 personas entre 2016 y 2024, con 28,900 casos registrados solo en 2024 y 15,795 en 2025, principalmente en estados como Morelos y Guerrero. La petición coincide con el reconocimiento parcial del Estado mexicano de su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas y la absolución de Javier ‘N’ por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, casos que evidencian la compleja relación entre crimen organizado y entidades estatales.
El desplazamiento forzado en México se ha documentado principalmente en contextos de disputas territoriales y presencia de grupos criminales que operan trasnacionalmente, yendo más allá del narcotráfico para incluir múltiples actividades ilícitas. Las organizaciones solicitantes destacaron que la crisis humanitaria requiere atención internacional ante la incapacidad de las autoridades locales para garantizar la seguridad de las comunidades.
En paralelo, persisten casos de impunidad que agravan la situación. La Fiscalía federal presentó pruebas insuficientes contra Javier ‘N’ por el asesinato de Samir Flores Soberanes, lo que resultó en su absolución. Durante el proceso, dos testigos clave fueron asesinados y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones que debilitaron la investigación.
En otro caso emblemático, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, perpetrada por elementos del Ejército, y propuso un acuerdo amistoso. Sin embargo, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas y medidas de reparación integral.
Estos casos ilustran los desafíos que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado, donde la colusión entre actores ilegales y entidades estatales, así como la impunidad predominante, continúan generando violencia y desplazamiento forzado de población civil.
